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Ley Karin, qué tiene que tener la empresa y cómo se investiga una denuncia
Los plazos corren desde que la denuncia entra, aunque llegue un viernes por WhatsApp a la jefatura equivocada. Esto es lo que hay que tener armado antes y lo que hay que hacer después.
5 de noviembre de 2026, 11 min de lectura
La Ley 21.643, conocida como Ley Karin, rige desde agosto de 2024 y cambió dos cosas. Bajó el umbral de lo que se considera acoso laboral, que ya no requiere conducta reiterada, e incorporó la violencia en el trabajo ejercida por terceros, como clientes o usuarios. Y, sobre todo, convirtió la respuesta de la empresa en un procedimiento reglado con plazos cortos y supervisión de la Dirección del Trabajo.
La consecuencia práctica es que la empresa ya no responde solo por lo que hizo el acosador. Responde por cómo investigó.
Lo que hay que tener antes de que llegue una denuncia
Protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo. Es obligatorio y debe estar incorporado al reglamento interno cuando la empresa tiene la obligación de tenerlo. Las empresas sin reglamento interno igual deben contar con el protocolo y ponerlo en conocimiento de los trabajadores. Debe identificar los riesgos propios de la actividad, con perspectiva de género, y definir medidas de prevención, información y capacitación.
Procedimiento de investigación y sanción. Quién recibe las denuncias, por qué vías, qué pasa en las primeras horas, quién investiga, cómo se resguarda la reserva y qué sanciones son aplicables. Tiene que estar escrito antes, porque improvisarlo mientras corre el plazo es el origen de la mayoría de los errores.
Canal de denuncias que funcione. Un correo que nadie revisa o una persona designada que está de vacaciones son el equivalente a no tener canal. Conviene que haya más de una vía y que al menos una no pase por la jefatura directa, porque la jefatura directa es con frecuencia la denunciada.
Trabajadores informados. Un protocolo que nadie conoce no previene nada y además se nota de inmediato en una fiscalización.
Cuando llega la denuncia
Acá empiezan los plazos, y el primer error habitual es no darse cuenta de que empezaron. La denuncia puede ser verbal o escrita, y puede llegar a cualquier jefatura. Si es verbal, hay que levantarla por escrito y firmarla. Desde que la empresa toma conocimiento corre todo lo demás.
Medidas de resguardo, de inmediato. Antes de saber si la denuncia es fundada, la empresa debe adoptar medidas para proteger a quien denuncia. Separación de espacios, cambio de turnos o de dependencia jerárquica, redistribución de la jornada, derivación a atención de salud. Las medidas tienen que ser proporcionales y no pueden transformarse en un castigo encubierto al denunciante, porque eso es exactamente lo que después se alega como represalia.
Tres días para decidir quién investiga. La empresa puede investigar internamente o remitir la denuncia a la Dirección del Trabajo. Si investiga, debe informar el inicio y las medidas de resguardo adoptadas. Si no, debe remitirla. El plazo es de tres días desde la recepción.
Esta decisión merece pensarse. Investigar internamente permite controlar los tiempos y conocer el contexto, y exige tener a alguien capaz de hacerlo con independencia real. Remitir a la Dirección del Trabajo saca el problema de la casa y entrega el control del proceso y de sus tiempos. Para denuncias que involucran a la alta dirección, o cuando no hay nadie que pueda investigar sin conflicto de interés, la investigación externa encargada a un tercero suele ser la única opción creíble.
Treinta días para investigar. La investigación interna debe concluir en ese plazo máximo, que el reglamento cuenta en días hábiles. Es poco tiempo para coordinar entrevistas, recopilar respaldos y redactar un informe fundado, sobre todo si hay testigos que están con licencia o en terreno.
Dos días para remitir el informe a la Dirección del Trabajo, que dispone de treinta días para pronunciarse.
Quince días para aplicar las medidas o sanciones desde la recepción del informe o del pronunciamiento, según corresponda.
Cómo se hace una investigación que resiste revisión
El estándar no es el de un juicio penal y tampoco es una conversación informal. Lo que se evalúa después es si el procedimiento fue imparcial, reservado y con posibilidad real de defensa.
Plan de investigación. Qué hechos se van a verificar, qué documentos se van a pedir y a quién se va a entrevistar. Escrito y fechado al principio. Es lo que demuestra que hubo método.
Entrevistas con acta. Denunciante primero, denunciado después, testigos según lo que vaya apareciendo. Cada entrevista con acta firmada o con constancia de que la persona se negó a firmar. Al denunciado hay que comunicarle de qué se le acusa en términos suficientemente precisos para que pueda responder. Una investigación en que el denunciado nunca supo bien qué se le imputaba se cae.
Evidencia objetiva. Correos, mensajes, registros de asistencia, grabaciones si existen legítimamente, denuncias previas del mismo tipo. El testimonio único sin respaldo es frecuente en estos casos y no es descartable por eso, pero obliga a describir con cuidado el razonamiento que lleva a darle o no credibilidad.
Reserva. La identidad del denunciante y el contenido de la investigación se manejan con reserva. Las filtraciones internas son un problema serio y además son la antesala de una demanda por tutela.
Informe fundado. Hechos acreditados, hechos no acreditados, calificación jurídica y medidas propuestas. La diferencia entre un informe que sostiene una sanción y uno que no suele estar en si separa con claridad lo que se probó de lo que se concluyó.
Los tres errores que vemos siempre
Dejar que investigue la jefatura directa del denunciado. Nadie que dependa del denunciado, o del que lo evalúa, tiene independencia. Es el vicio más fácil de alegar y el más difícil de defender.
Despedir al denunciante mientras la investigación está en curso o poco después. Aunque haya causal real y aunque el despido estuviera decidido antes, la cercanía temporal es exactamente lo que activa una demanda de tutela por vulneración de derechos fundamentales, donde el estándar de prueba juega en contra de la empresa. Si el despido es inevitable, hay que documentar con fechas que la decisión y sus motivos son anteriores e independientes.
Confundir conflicto laboral con acoso. No todo maltrato es acoso en el sentido de la ley, y no toda instrucción incómoda es violencia laboral. Un informe que califica como acoso lo que fue una mala gestión termina generando un despido mal fundado. Lo contrario también pasa y es peor.
Qué se arriesga
Multas administrativas de la Dirección del Trabajo, que varían según el tamaño de la empresa. Demandas de tutela por vulneración de derechos fundamentales, con indemnizaciones adicionales. Despido indirecto del trabajador afectado, con las indemnizaciones recargadas. Y una consecuencia que no aparece en ninguna norma, que es lo que le pasa a un equipo cuando una denuncia se maneja mal y todos se enteran.
Tener el protocolo, el canal y el procedimiento listos cuesta bastante menos que cualquiera de esas cosas.
Esta entrada es información general sobre derecho chileno vigente a la fecha indicada y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. Las normas cambian y los detalles de tu situación mandan. Si necesitas una respuesta que alguien firme, cuéntanos el caso.