Temas, Contratación comercial
Tu cliente entró en reorganización y tienes quince días para existir en el procedimiento
La Ley 20.720 congela los cobros, mantiene vivos los contratos y abre plazos cortos que casi nadie alcanza a mirar. Esto es lo que pasa desde el día en que se dicta la resolución, en el orden en que pasa.
15 de noviembre de 2026, 14 min de lectura
Casi nunca llega una carta. La empresa se entera porque la factura dejó de pagarse, porque alguien vio la publicación en el Boletín Concursal o porque el ejecutivo de cuentas avisó que el cliente "está en un proceso". Desde ese momento corren plazos que se cuentan en días y que no se reabren, y la diferencia entre un acreedor que cobra algo y uno que no cobra nada suele estar en las dos primeras semanas.
Lo que sigue describe el procedimiento de reorganización de la Ley 20.720, con las modificaciones que le introdujo la Ley 21.563 en 2023, desde el lugar en que normalmente está la empresa que lee esto, el de acreedor.
Los caminos que abre la ley
La ley tiene dos procedimientos centrales para empresas. La reorganización busca reestructurar pasivos y activos para que la empresa siga operando, y solo puede iniciarla la propia empresa deudora ante el tribunal de su domicilio. La liquidación realiza los bienes y reparte el producto entre los acreedores según la prelación legal, y puede ser voluntaria o forzosa.
La Ley 21.563 agregó procedimientos simplificados para las empresas que califican como micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la Ley 20.416 y al artículo 505 bis del Código del Trabajo. Son la reorganización simplificada, regulada a partir del artículo 286, y la liquidación voluntaria simplificada, a partir del artículo 273. La calidad de micro o pequeña empresa se acredita por declaración jurada del deudor o de su representante, con la información que fija la Superintendencia.
Existe además el acuerdo de reorganización extrajudicial, que el deudor negocia antes de llegar al tribunal y luego somete a aprobación judicial, y el procedimiento de renegociación para la persona deudora, que se tramita ante la Superintendencia y no ante un juzgado.
Lo que ocurre el día en que se dicta la Resolución de Reorganización
Dentro del quinto día de presentada la solicitud el tribunal dicta la resolución, designa veedor titular y suplente, y con eso se abre una Protección Financiera Concursal de sesenta días contados desde la notificación. Ese escudo hace cinco cosas al mismo tiempo.
No puede declararse ni iniciarse una liquidación en contra del deudor, ni comenzar juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento. Los juicios laborales por obligaciones con preferencia de primera clase quedan fuera de esa prohibición, y en ellos se suspende solamente la ejecución y realización de bienes, con una excepción expresa para los juicios de ese tipo que el deudor tuviere a favor de su cónyuge, de sus parientes hasta el cuarto grado o de quienes tienen injerencia en la administración de sus negocios.
Se suspende la tramitación de esos procedimientos y también los plazos de prescripción extintiva. Dicho de otro modo, el crédito no se envejece mientras dura el escudo.
Todos los contratos suscritos por el deudor mantienen su vigencia y sus condiciones de pago. Acá está la regla que más sorprende a los proveedores. No se pueden terminar anticipadamente de forma unilateral, no se puede exigir el cumplimiento anticipado y no se pueden hacer efectivas las garantías contratadas invocando como causal el inicio del procedimiento de reorganización. El acreedor que contravenga esta prohibición ve su crédito postergado hasta que se pague a la totalidad de los acreedores afectados por el acuerdo, incluidas las personas relacionadas con el deudor, y esa postergación se declara de forma incidental ante el mismo tribunal. Quedan excluidos de esta regla los convenios marco de operaciones de derivados y de ventas con pacto de retrocompra sobre los instrumentos que la ley señala, cuando el deudor es un inversionista institucional.
Si el deudor figura en un registro público como contratista o prestador de servicios y está al día con el mandante respectivo, no puede ser eliminado del registro ni privado de participar en licitaciones por haber iniciado el procedimiento.
Mientras dura la protección el deudor queda intervenido por el veedor, no puede gravar ni enajenar bienes salvo los propios de su giro o estrictamente necesarios para su operación, y si es persona jurídica no puede modificar sus pactos, sus estatutos ni su régimen de poderes. La inscripción de transferencias de acciones requiere autorización del veedor, salvo en sociedades anónimas abiertas.
Los plazos que corren para el acreedor
| Plazo | Qué hay que hacer |
|---|---|
| 15 días desde la notificación de la resolución | Verificar el crédito ante el tribunal, acompañando los títulos justificativos y, si hay prenda o hipoteca, el avalúo comercial de los bienes |
| 15 días desde la notificación de la resolución | Acreditar la personería para actuar, con mención expresa de la facultad para conocer, modificar y adoptar el acuerdo |
| 2 días desde el vencimiento del plazo de verificación | El veedor publica en el Boletín Concursal todas las verificaciones presentadas |
| 8 días desde esa publicación | Objetar por falta de títulos, montos, preferencias o avalúo de las garantías, sea el veedor, el deudor o cualquier acreedor |
| 10 días antes de la junta | El deudor publica y acompaña su propuesta de acuerdo |
| 3 días antes de la junta | El veedor publica su informe sobre la propuesta |
| Día en que expira la protección financiera | Se celebra la junta de acreedores que vota el acuerdo |
Hay un atajo que conviene revisar antes de preparar la verificación. No es necesario verificar si el crédito y el avalúo comercial de las garantías ya figuran, a satisfacción del acreedor, en el estado de deudas que el deudor acompañó y que se publica en el Boletín Concursal. La primera gestión, entonces, es abrir esa publicación y comprobar si el monto está completo, si la moneda y los reajustes son los correctos y si la garantía quedó bien descrita. Cuando algo no calza, se verifica.
El informe del veedor merece una lectura con calculadora. Tiene que calificar de forma fundada si la propuesta es susceptible de cumplirse dadas las condiciones del deudor, si se ajusta a la ley y, sobre todo, cuál es el monto probable de recuperación que correspondería a cada acreedor en su categoría si en lugar del acuerdo hubiera una liquidación. Ese último número es el que permite decidir el voto, porque convierte la pregunta política en una comparación aritmética.
Cómo se aprueba el acuerdo y por qué obliga aunque votes en contra
La propuesta puede separarse en clases, una para los acreedores valistas y otra para los hipotecarios y prendarios, y cada clase se analiza, delibera y vota por separado en la misma junta. Se entiende acordada cuando cuenta con el consentimiento del deudor y con el voto conforme de dos tercios o más de los acreedores presentes, que representen al menos dos tercios del total del pasivo con derecho a voto de la clase respectiva.
Las personas relacionadas con el deudor no pueden votar y sus créditos no se cuentan en el pasivo. Tampoco pueden concurrir a deliberar, votar ni impugnar los cesionarios de créditos adquiridos dentro de los treinta días anteriores al inicio del procedimiento, regla que hay que tener presente antes de comprar o vender cartera de una empresa en problemas.
Aprobado el acuerdo, rige para todos los acreedores de la clase, incluidos los que votaron en contra y los que no fueron a la junta. Empieza a regir una vez vencido el plazo para impugnarlo sin que se haya impugnado, o cuando el tribunal desecha las impugnaciones. Y aunque por regla general el acuerdo rige pese a las impugnaciones pendientes, si las interponen acreedores de una clase que representan al menos el 30% del pasivo con derecho a voto de esa clase, su entrada en vigencia queda suspendida hasta que se resuelvan.
Los trabajadores tienen un estatuto aparte. Sus derechos se rigen por el Código del Trabajo y no por esta ley, con la sola salvedad de la suspensión de ejecuciones, y no pueden ser parte de los acuerdos de reorganización.
Qué puede hacer la empresa deudora mientras dura el escudo
Para financiar sus operaciones durante la protección, el deudor puede enajenar activos cuyo valor no exceda el 20% de su activo fijo contable y contratar préstamos u otras operaciones de financiamiento que no superen el 20% del pasivo de la certificación contable, circunstancia que el veedor debe certificar. Por sobre esos montos, y en cualquier operación con personas relacionadas, se requiere la autorización de acreedores que representen más del 30% del pasivo, excluidas las personas relacionadas.
Ese financiamiento tiene una contrapartida que explica por qué alguien presta dinero a una empresa en reorganización. Los préstamos y operaciones celebrados bajo esa regla no se consideran en las nóminas de créditos y se pagan en las fechas convenidas, y si después se dicta la resolución de liquidación por cualquier causa, se pagan con la preferencia del número 4 del artículo 2472 del Código Civil.
Si no hay acuerdo, la liquidación llega sin más trámite
La fecha de la junta es la fecha en que expira la protección financiera, de modo que el calendario empuja al acuerdo. La protección puede prorrogarse hasta por sesenta días más si el deudor obtiene el apoyo de dos o más acreedores que representen más del 30% del pasivo, y por otros sesenta si reúne más del 50%, prórroga que también puede pedirse en un solo acto por hasta ciento veinte días con ese mismo 50%. Los acreedores hipotecarios y prendarios que apoyan la prórroga no pierden su preferencia.
Si el deudor no publica ni acompaña su propuesta diez días antes de la junta, el veedor certifica el incumplimiento y el tribunal dicta la resolución de liquidación sin más trámite. Ahí cambian los plazos y la lógica. El período ordinario de verificación en la liquidación es de treinta días contados desde la notificación de la resolución, y en él se verifica el crédito y se alega su preferencia. Los acreedores que prestan servicios de utilidad pública deben verificar los suministros anteriores a la resolución y no pueden suspender el servicio después de ella sin autorización del tribunal.
Lo que se revisa hacia atrás
Iniciado cualquiera de los dos procedimientos, los acreedores pueden y el veedor o el liquidador debe deducir acción revocatoria concursal respecto de ciertos actos celebrados por la empresa deudora dentro del año inmediatamente anterior. Entre ellos están todo pago anticipado, cualquiera sea la forma que haya tomado, todo pago de deudas vencidas que no se haga en la forma estipulada en el contrato y las hipotecas, prendas y anticresis constituidas sobre bienes del deudor en ese período.
Vale la pena releer esa lista con el caso propio en mano. El proveedor que consiguió que le pagaran por fuera del plazo convenido, o que obtuvo una prenda cuando el cliente ya estaba complicado, puede terminar devolviendo lo que cobró. La gestión agresiva de cobranza en los meses previos no siempre es una ventaja.
Qué hacer en los primeros cinco días
Primero, ubicar el expediente en el Boletín Concursal y leer la resolución completa, porque ahí están la fecha exacta en que expira la protección, la fecha de la junta y el nombre del veedor. Después, comparar el estado de deudas publicado con la contabilidad propia, factura por factura, para decidir si hay que verificar o no.
La decisión de seguir vendiéndole es comercial antes que jurídica, y conviene tomarla con dos datos a la vista. Los créditos que nacen después de la resolución no son los que el acuerdo reestructura, y el veedor está interviniendo las operaciones del deudor, de modo que una continuidad de suministro con condiciones nuevas y por escrito es posible y es mejor que seguir facturando como si nada hubiera cambiado.
Queda una tarea que no tiene plazo legal y que casi siempre se posterga. Revisar qué otros clientes de la cartera se parecen a este, con el mismo patrón de atrasos, la misma concentración de riesgo y las mismas garantías inexistentes.
Lo que un contrato puede y no puede hacer por ti
La cláusula que permite terminar el contrato si la contraparte entra en un procedimiento concursal es una de las más comunes en los contratos chilenos y es inútil justo cuando se la necesita, porque la ley prohíbe invocar el inicio de la reorganización como causal y castiga al que lo hace postergando su crédito. Conviene saberlo antes de confiar en ella.
Lo que de verdad mueve la aguja se decide mucho antes de que aparezca el primer atraso en los pagos. Límites de crédito por cliente que alguien revisa de verdad, anticipos o pagos contra entrega en los contratos de mayor exposición, garantías de terceros o boletas de garantía cuando el monto lo justifica, y una administración documental que permita acreditar el crédito con títulos claros el día en que haya que verificarlo. Un contrato marco redactado en tu papel sirve para eso, más que para prometer una terminación anticipada que no se podrá ejercer.
Hasta dónde llega lo que hacemos nosotros
Hay que decirlo con claridad. La actuación dentro del procedimiento, que incluye verificar créditos ante el tribunal, objetar, impugnar el acuerdo y comparecer en la junta, es representación en juicio y está fuera del catálogo de este estudio. Cuando el caso es ese, se deriva a abogados concursales de la red, con la gestión hecha y sin costo adicional por la derivación.
Lo que sí hacemos es lo de antes y lo de al lado. Los contratos con los que vendes, las garantías que pides, los límites de crédito que quedan escritos y la revisión del contrato que te pasó una contraparte que ya muestra señales. Es la parte del problema que todavía se puede elegir.
Esta entrada es información general sobre derecho chileno vigente a la fecha indicada y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto. Las normas cambian y los detalles de tu situación mandan. Si necesitas una respuesta que alguien firme, cuéntanos el caso.